Cuando la tecnología creó en los pasados años 60 sistemas de copiado de canciones (las antiguas cassettes) se hizo imposible controlar quién realizaba copias para su uso personal. Se justificó entonces la creación de un nuevo sistema compensatorio: ya que no es factible saber cuánto se deja de vender debido a las copias realizadas por los particulares, cada cinta virgen se gravaría con un canon que se entregaría a las entidades de gestión de la propiedad intelectual para que lo repartiera entre sus socios.

Esta creación jurídica, sin embargo, no se aplica para colectivos diferentes de los autores: los taxistas de Madrid han perdido un gran número de carreras al aeropuerto tras la implantación del Metro hasta Barajas y si bien ése es su salario, no han recibido compensación; las agencias de viajes han perdido millones de euros ante las ventas directas de billetes que las compañías aéreas hacen en sus páginas web y tampoco han recibido compensación alguna ante la evolución tecnológica. Podríamos poner muchos ejemplos: los trabajadores de astilleros y altos hornos, el sector textil ante la invasión de productos orientales…

¿Qué tienen de especial los autores para que se les trate tan singularmente frente al resto de la población? En realidad, no es una cuestión de los autores, sino de quienes les gestionan los derechos. El Tribunal de Defensa de la Competencia, en su sentencia de fecha 15 de mayo de 2007, reconoció probado que las entidades de gestión de la propiedad intelectual perdonaron a la industria las deudas de ésta en concepto de canon hasta el ejercicio 2003 y desde entonces aplican un descuento.

Vía Dominio público