Cuando la tec­no­lo­gía creó en los pasa­dos años 60 sis­te­mas de copiado de can­cio­nes (las anti­guas cas­set­tes) se hizo impo­si­ble con­tro­lar quién rea­li­zaba copias para su uso per­so­nal. Se jus­ti­ficó enton­ces la crea­ción de un nuevo sis­tema com­pen­sa­to­rio: ya que no es fac­ti­ble saber cuánto se deja de ven­der debido a las copias rea­li­za­das por los par­ti­cu­la­res, cada cinta vir­gen se gra­va­ría con un canon que se entre­ga­ría a las enti­da­des de ges­tión de la pro­pie­dad inte­lec­tual para que lo repar­tiera entre sus socios.

Esta crea­ción jurí­dica, sin embargo, no se aplica para colec­ti­vos dife­ren­tes de los auto­res: los taxis­tas de Madrid han per­dido un gran número de carre­ras al aero­puerto tras la implan­ta­ción del Metro hasta Bara­jas y si bien ése es su sala­rio, no han reci­bido com­pen­sa­ción; las agen­cias de via­jes han per­dido millo­nes de euros ante las ven­tas direc­tas de bille­tes que las com­pa­ñías aéreas hacen en sus pági­nas web y tam­poco han reci­bido com­pen­sa­ción alguna ante la evo­lu­ción tec­no­ló­gica. Podría­mos poner muchos ejem­plos: los tra­ba­ja­do­res de asti­lle­ros y altos hor­nos, el sec­tor tex­til ante la inva­sión de pro­duc­tos orientales…

¿Qué tie­nen de espe­cial los auto­res para que se les trate tan sin­gu­lar­mente frente al resto de la pobla­ción? En reali­dad, no es una cues­tión de los auto­res, sino de quie­nes les ges­tio­nan los dere­chos. El Tri­bu­nal de Defensa de la Com­pe­ten­cia, en su sen­ten­cia de fecha 15 de mayo de 2007, reco­no­ció pro­bado que las enti­da­des de ges­tión de la pro­pie­dad inte­lec­tual per­do­na­ron a la indus­tria las deu­das de ésta en con­cepto de canon hasta el ejer­ci­cio 2003 y desde enton­ces apli­can un descuento.

Vía Domi­nio público